Sobre la "Primavera Valenciana"

“España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

Artículo uno de la Constitución Española de 1978, norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico a la que, por tanto, están sujetos los poderes públicos y los ciudadanos de España. Ratificada por el pueblo español, en referéndum  el 6 de diciembre de 1978, entró en vigor el 29 de diciembre del mismo año, y sigue vigente a nuestros días.

En primer lugar, no hace falta saber mucho de matemáticas, para hacer un pequeño cálculo y determinar que casi la totalidad de esos jóvenes que están agitando la paz social de nuestras calles, ni siquiera habían nacido. Y no quiero jugarme nada, pero seguro que triunfaría, al afirmar que un alto porcentaje de ellos, pongamos un 90 %, ni tan siquiera han leído jamás ese artículo primero. Simplemente porque dicen que eso no va con ellos.

 
En esta norma, “ley de leyes”,  se garantizan en su título Primero los derechos fundamentales y las libertades públicas de TODOS, absolutamente TODOS los ciudadanos, algunos “bien” conocidos por estos jóvenes (derecho a la vida, a la integridad física y moral; a la libertad, el derecho de reunión,…) u otros menos conocidos por ellos o simplemente obviados  (garantías  a las libertades ideológicas, religiosas o de culto; derecho a la libertad “de los demás” y a la seguridad,…), entre otros muchos. Desconocen o presumen ignorar que ese derecho de reunión se garantiza siempre y cuando sea de manera pacífica, no se porten armas y en caso de reuniones en zonas de tránsito público y en todo caso de manifestaciones, hay que dar conocimiento previo a la autoridad. Sí, lo desconocen o, como digo,  simplemente lo obvian.

 
Dicho esto, es lamentable la postura que están mostrando estos jóvenes de nuestra sociedad, que por fortuna, no son muchos, pero que contaminan de una manera fulminante a las masas, buscando la confrontación, ya no solo social, si no que movidos a saber por qué, buscan la confrontación política. Saben donde lo hacen. Los problemas y las consecuencias de esta crisis que no son “de ayer”, los venimos sufriendo todos en todos los rincones de España. Si hace unos meses fue Madrid, con el movimiento del 15-M, ahora es en Valencia con este movimiento llamado Primavera Valenciana, comunidades gobernadas en las últimas legislaturas por el Partido Popular. ¡Qué casualidad!, que en la Comunidad Andaluza, con la tasa más alta de paro de todo el país, un 31,23 %, no haya incidentes ni disturbios. Aunque no hace falta ser muy ingenio para saber que como en las próximas elecciones autonómicas andaluzas, el color político cambie, esta “paz social” se va a ver alterada. Sin indagar más, se puede deducir por tanto que estos movimientos están politizados y son estos jóvenes los “pringados” que dan la cara por que otros no tienen la poca vergüenza de reconocerlo. Ya no se trata de partidos, no. Uno puede ser de derechas y no compartir políticas del PP, o en el caso de la izquierda, y no compartir políticas del partido mayoritario o del extremadamente de izquierdas. Se trata de que estamos en una situación económica, laboral y social que desde hace unos años a estos días ha ido de mal a peor, en la que como las fuerzas políticas no cojan las riendas con firmeza, y algunas fuerzas pongan trabas, incluso tiren en sentido contrario, puede llegar a ser insostenible. Y eso no es bueno ni para unos ni para otros.

 
Lo de estos días de Valencia, sin lugar a dudas no ayuda a ello. Los radicales, que no las fuerzas policiales, han conseguido reventar una manifestación pacífica de estudiantes de instituto, ya de por sí cuestionada, pues no había sido comunicada a la Delegación del Gobierno.

Pero esta vez, algo les ha fallado. Se han ido desmontando todas las argumentaciones de estos energúmenos. Entre los detenidos, más de una cuarentena, solamente un menor. Entre los 17 heridos, 11 policías. Han salido imágenes y audios, que demuestran el desarrollo de la jornada, y como los efectivos de la UIP invitan educadamente a los manifestantes a deponer su actitud, y se pueden apreciar las respuestas de estos. Se ha demostrado como a través del perfil de un anarquista revolucionario en  la red social Twitter se difundió previamente el manual “¿Cómo actuar ante las cargas policiales”- Manual de disturbios”, manual que parece que sí se han leído. Salen representantes de los jóvenes manifestando sentirse acosados, perseguidos y tratados como en los tiempos “más casposos del franquismo”… esto ya es el colmo. Chavales: si hubierais  conocido esos tiempos que decís, a un policía “antidisturbios” –antes llamados “grises”- no le veis ni el bigote, y si no, preguntárselo a vuestros progenitores, ignorantes. 

Decís también que se han “producido detenciones violentas”. Resulta que para detener a un delincuente (según el diccionario de la R.A.E., “que delinque”, por ende, “que comete delito”, y sí, estas acciones de resistencia, desacato, desobediencia o incluso atentado a agente de la autoridad están contemplados como tales en el vigente Código Penal), en la gran mayoría de los casos, éste se resiste. Y no se usa la violencia. Simplemente se hace un empleo de la fuerza, justo el necesario para reducir al delincuente (si a alguien le molesta esta palabra, que se lea sus acepciones).   

 
Me hace gracia escuchar gritos como “fascistas” “nosotros te estamos pagando”,.. ¡ja, ja!. Y pregunto yo, ¿con qué ingresos?. Menos gracia me hace oír esos insultos de “cabrones, hijos de puta, cobardes, salvajes,..” o incitaciones tales que “¡esta lucha es a sangre y fuego!, quemaremos las calles”, o hacia la propia policía como “¡Quítate el casco!, ¡tú sólo, aquí! ¡os amparáis en vuestras pistolas”. Estos últimos son los que luego, en un cara a cara, entre el propio policía y el insurrecto, se cagan encima, y perdón por la expresión, pero es así de real. Son estos los peligrosos, los que amparándose en las masas, y en algunos casos intoxicados por ciertas sustancias se creen líderes, y luego como se dice en su propio argot, no tienen ni “media ostia”.

Hoy día, cuando se produce una carga policial, antes han pasado todas estas cosas que no salen a los medios porque ni interesa, ni vende, claro. Esos policías no están para agredir a nadie. Están para velar por la seguridad pública, la de los manifestantes y la del resto de la sociedad, y para hacer cumplir las reglas del estado de derecho. Cuando se realiza una carga, es porque hay unos hechos delictivos que la legitiman, y siempre con la “luz verde” de una autoridad gubernativa. Esa autoridad que hace unos meses faltó en la capital de España. Los policías no están de maniquís, y menos para aguantar burlas, insultos o agresiones. Tampoco están para cargar contra nadie. Están por que en su día decidieron dedicar su vida a la sociedad, a lo bueno y para lo bueno, y a lo malo y para lo malo. Son garantes de todos y cada uno de esos derechos y libertades que la Constitución establece para todos los ciudadanos. Estos jóvenes no recuerdan que estos Policías también están, como hace unas semanas, para dar su vida por intentar salvar la de un joven imprudente con una irresponsabilidad propia de su estado, que estando de botellón de metió en el mar, en la playa coruñesa de Orzán. O para arriesgarlas salvando la vida de un hombre el pasado fin de semana, atrapado dentro de su coche en las aguas del rio Henares, en las proximidades de la localidad madrileña de Alcalá de Henares, ó salvando la vida de una mujer, inconsciente entre el humo y las llamas de un incendio declarado en su domicilio de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira, hace tan solo unas horas. Estos jóvenes no valoran nada de esto.

 
Y vuelvo al tema político. En repudiable  ver como representantes del partido mayoritario de la oposición, que han estado gobernando estos últimos siete años y medio, manifiestan públicamente que estos chicos “son sus hijos”, por que desde luego, los mios no. Pues señores míos, un poquito de educación no les vendría mal (a sus hijos, digo). Y peor aún, que un partido del calado del PSOE secunde las movilizaciones de Valencia, como así han hecho en el Parlamento me parece gravísimo. Porque a mi juicio,  estas movilizaciones están impregnadas de cierto grado de terrorismo callejero, y con esta postura lo que va a hacer es alentar más y peligrosas manifestaciones. 

 
No quiero ser pesimista, y quiero pensar que aún estamos a tiempo de reconducir a la sociedad en general hacia la paz social. Lo que pase con la economía y la situación laboral es otro cantar, y el tiempo dirá. 

 
Y por supuesto mi total apoyo y reconocimiento a los efectivos de los cuerpos de seguridad, Policía Nacional, Guardia Civil, Policías autonómicas y locales, y mi solidaridad con los componentes de la U.I.P. de Valencia. Jamás se valora, lo que hay debajo del uniforme o detrás de una imagen, ni la dedicación o lo que se llega a dar a cambio de nada. Jamás.

Las reglas de un Estado de Derecho

No quería entrar a exponer una valoración personal sobre un asunto que ha sobresaltado  y de manera alguna ha dividido, esta semana a la sociedad. No quería hacerlo, y de hecho no lo voy a hacer. Solamente hay que leer el contenido  de la Sentencia núm . 79/2012, de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, para entender y el saber el “por qué” del fallo unánime de la totalidad de los siete magistrados componentes de la Sala del Trubunal.

El fallo condena al famoso Juez D. Baltasar Garzón a una pena de multa de catorce meses y  a una pena once años  de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado, así como al pago de las costas judiciales. Para cualquiera que haya leído la sentencia no cabe ninguna duda, de que guste o no, la misma está dictada conforme a derecho y dentro del marco legal vigente, demostrando dos principios fundamentales: que España es un Estado de Derecho, y que todos somos iguales ante la ley.

Me sorprende aún así, que ciertos líderes “políticos” hayan hecho públicas unas declaraciones extremadamente radicales, en contra de la sentencia (que repito, puede o no puede gustar), y lo que es peor aún, en contra del alto tribunal y de las leyes que amparan nuestro ordenamiento jurídico. Solamente por ello, no merecen estar donde están.  Sí puedo entender  que esta aptitud provenga de la gente llana, del ciudadano de a pié, del ignorante que no conoce de leyes. Pero no se puede permitir a esas personas, que por el mero hecho de estar donde están, tienen la obligación no solo de respetar, sino que tienen que acatar las leyes que rigen el ordenamiento jurídico. Y si no están de acuerdo, ¡puerta!. No solo de las cámaras de representación, sino fuera de este país, pues parece que las reglas que rigen un Estado de Derecho, no va con ellos. ¡Vergonzoso!  Y algunos todavía hablan de sentencia política cuando, si leen la sentencia, la posición de los fiscales se ha basado en todo momento en no presentar acusación y solicitar la absolución del acusado.

Voy al meollo de la cuestión, por si alguien no se ha enterado aún. En primer lugar, el artículo 117.1 de la Constitución Española, establece que los Jueces y Magistrados serán sometidos únicamente al imperio de la Ley, Por cierto, el 118 obliga a cumplir las sentencias  y demás resoluciones firmes. Por tanto la Ley es para todos. 

El alto tribunal ha condenado al Sr. Garzón como autor responsable de un delito de prevaricación del art. 446.3º, que dice “El Juez o Magistrado que, a sabiendas, dictare sentencia o resolución injusta será castigado … Con la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años, cuando dictara cualquier otra sentencia o resolución injustas.”. Y en concordancia  en base al artículo 8.3, con un delito del artículo 536, párrafo primero,  por, mediando causa o delito,  la interceptación y la utilización de artificios técnicos de escuchas, y la grabación de sonido, violando las garantías constitucionales o legales.

Unas garantías que se establecen en el marco del artículo 51.2 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, que dispone que “Las comunicaciones de los internos con el abogado defensor o con el abogado expresamente llamado en relación con asuntos penales y con los procuradores que lo representen, se celebrarán en departamentos apropiados y no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo.” Por cierto, que esto es “pregunta de examen” en la carrera de Derecho.

El origen de todos los hechos, probados según la propia sentencia del Alto Tribunal, están relacionados con la tramitación en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en el que el ahora condenado desempeñaba el cargo de Magistrado Juez,  de las Diligencias Previas de la causa llamada “Trama Gürtel”, en la que se investigaban hechos que podían ser constitutivos de delitos de blanqueo de capitales, de defraudación fiscal, de falsedad, de cohecho, de asociación ilícita y de tráfico de influencias, que se atribuían a varias personas ya imputadas en la causa, a los que se consideraba integrados en una organización en cuyo marco se ejecutaban las acciones delictivas. Bien sabía él, como profesional de la Adjudicatura, y con muchos años de experiencia, que estaba pasando el límite de la legalidad.

No es condenado por tanto, por investigar esa presunta trama de corrupción, no. Ha sido condenado por rebasar esa línea, que no sólo ha pisado. Ha sobrepasado esa línea que marca el límite de los derechos de un interno, violando con ello su derecho a las comunicaciones con el abogado defensor, contagiando de algún modo, la instrucción imparcial de la causa.

A esos que han salido en su defensa estos días, les digo que se pongan en la situación de los perjudicados en este caso. Que se vean internos en un centro penitenciario, sabiéndose culpables o inocentes de cualquier hecho delictivo, y que vean como su conversación con su abogado para preparar la defensa, ya es conocida de antemano, por el Magistrado Juez, incluso por el Fiscal, como así ha sido en este caso. Yo no quiero.

Claro que el Sr. Garzón ha tenido una brillante trayectoria, con numerosos éxitos tanto en la lucha terrorista como contra el narcotráfico, entre otros. Pero hay que reconocer que esos éxitos, si así han sido, es porque detrás ha habido muchas horas de trabajo, de sacrificio, de sueño de frio o de calor, de hambre, de muchos hombres anónimos, policías o guardias civiles, que le han puesto en bandeja, siempre dentro de la legalidad, las pruebas necesarias para que esos éxitos lleven su firma, no hay que olvidarlo. Y si alguno de esos otros funcionarios, los policiales, se han pasado de la raya, han sido condenados por ello, sin que nadie haya salido en su defensa. En su tiempo fue el propio Garzón el que condenó a varios funcionarios policiales, si bien por otros hechos tipificados, en el fondo, por lo mismo que lo ha sido él ahora: por delitos tipificados en el Código Penal.

Esta vez, el cartucho de pólvora que disparaba, no ha salido por el cañón y, por desgracia para él, le ha salido por la culata. No ha sido el primero, y seguramente no será el último. Pero la sentencia, insisto, unánime, deja claro que todos estamos bajo las mismas normas, que todos somos iguales ante la Ley y por tanto ante ella, de nuestros actos debemos responder. Permitiéndome un símil, si el portero del Real Madrid, considerado uno de los mejores del mundo, comete una acción “voluntaria” meritoria de tarjeta roja que le conlleva la expulsión en el minuto 3 de un partido de gran transcendencia contra un F.C. Barcelona, pues como aficionado seguramente no me guste, pero si ha sido merecedor de ello, pues hay que acatarlo. En el caso real que nos ocupa, ocurre lo mismo, y no porque haya sido un Juez mediático le da derecho a quedar exento de ello. Esa popularidad es la que le está valiendo de recibir tanto apoyo social, y de la que se están aprovechando algunos políticos para mover a las masas, cuando hace unos años estos mismo personajes cuestionaban las formas del mismo Magistrado.

Realmente… “penoso”.